En las últimas semanas se vienen dando fuertes combates en la provincia argentina de Jujuy, luego de que se aprobara una reforma constitucional que ataca los derechos más elementales de los trabajadores y las poblaciones campesinas. El gobernador Morales junto al Partido Justicialista embistió con esta reforma a una población que ahora sale enardecida a las calles exigiendo su caída.

Una reforma para las transnacionales

América Latina es una de las mayores regiones saqueadas por el imperialismo y la banca mundial. En cada momento se tratan de imponer proyectos o reformas que buscan empeorar las condiciones de vida de los trabajadores y las masas empobrecidas a favor de las grandes inversiones capitalistas. Sin embargo, la clase trabajadora responde a esos ataques con sus métodos de lucha, la población hambrienta sale a la calle para recuperar todo lo que las transnacionales saquean a cada instante.

La Argentina mil veces saqueada y ahogada con los préstamos al FMI y oprimida por sus políticas de ajuste recibe otro golpe de carestía de vida, a la que los explotados han sabido responder tomando las carreteras y las minas.

Esta reforma impulsada por Morales representa los intereses del capital y la defensa de la propiedad privada a costa de la vida de millones de personas. No se debe olvidar los grandes intereses económicos de los empresarios que ahora salen a pedir diálogo en medio de la represión desatada, pero que es el sueño dorado de estos parásitos que saquean a la población más vulnerable.

Esta reforma auspiciada por el gobernador Morales fue promulgada, y es que se necesitaba garantizar con anticipación el saqueo del Litio por la minera Exar, ya que su proyecto Olaroz – Cauchari que extraería 40 mil toneladas del mineral iniciaba en junio convirtiéndose en la mayor planta productora de Litio en Argentina. Esta empresa junto con la norteamericana Livent y la australiana Allkem son responsables del completo saqueo de esta región, esta dos últimas se han fusionado para conformar la tercera productora más grande de este recurso en el mundo.

La provincia de Jujuy posee uno de los mayores porcentajes de población del campo en Argentina, las últimas modificaciones constitucionales profundizan la expulsión de los campesinos de sus tierras para la exploración y explotación desenfrenada de los recursos minerales. Estas poblaciones ya viven bajo el umbral de la pobreza y ahora serán expulsadas a la completa indigencia en favor del “aprovechamiento productivo”, otra forma de denominar al saqueo de la nación bajo el capitalismo.

El régimen del agua pasará a manos de un “organismo autónomo” del ejecutivo, es decir, el Estado decidirá las concesiones que hará del recurso hídrico poniéndolo en favor de los intereses de las grandes corporaciones que requieren de forma vital el agua para realizar sus megaproyectos capitalistas. Esta historia es conocida en toda América Latina donde las poblaciones campesinas han desarrollado decisivas luchas contra el arrebatamiento de estos recursos que emplean para sobrevivir.

La defensa de la propiedad privada, refrendada en esta reforma, significa el derecho a las transnacionales de expropiar a los pequeños productores en favor de la “utilidad pública”, y el desalojo inmediato de aquellos que ocupen la propiedad “aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo”. Esta es una declaración de guerra abierta contra los campesinos sin títulos de sus tierras que han vivido por años en estas, y que ahora el Estado legalizará y garantizará por la fuerza su “inmediata” su expulsión.

El imperialismo y las transnacionales mandan el mensaje de que este es el plan para saquear América Latina, para eso necesitan de un régimen político feroz contra los pobres de la ciudad y el campo. Este es un nuevo ataque contra las naciones siempre saqueadas por la burguesía norteamericana y europea, y contra esto deben oponerse el proletariado junto al campesinado pobre de la nación oprimida.

“Paz social y convivencia democrática pacífica”

De esta manera se ha denominado la política represiva impulsada por Morales y las transnacionales que buscan asegurar el saqueo de los minerales en Jujuy. La única forma de imponer esta “paz social” es a balazos como se ha demostrado estás últimas semanas que culminan con decenas de heridos y detenidos durante las protestas contra la reforma constitucional.

El recorte de los derechos a la protesta y organización social ataca directamente a una población que vive en su mayoría con salarios de hambre y soportando la superinflación. De hecho, los maestros ya venían exigiendo en las calles un aumento de salario, a la que ahora se suman masivamente los explotados de la provincia exigiendo mejores condiciones de vida frente al desempleo en constante aumento.

Esta es simplemente la forma jurídica en la que se legaliza el régimen policiaco contra el proletariado en la que se prohíbe los “cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”, de esta manera se reglamenta que los explotados no tienen derecho a ejercer una manifestación abierta, salvo los casos en los que no atenten contra la “circulación” de las mercancías que se roban las transnacionales. Es decir, las protestas solo pueden ejercerse cuando el Estado policiaco considera que son justas, esto es, cuando no atenten contra la sagrada propiedad privada de los grandes intereses capitalistas que el Estado defiende.

Por el contrario, con su prédica de “paz social”, la policía mercenaria de Morales viene ensangrentando las calles con la sangre de trabajadores y campesinos que buscan mejores condiciones de subsistencia para una vida totalmente precarizada. De igual manera serán tratad         as cualquier huelga o toma de espacios ya que serán considerados como usurpación de los lugares públicos. Esta reforma no significa otra cosa más que la eliminación criminal de todos los derechos políticos del proletariado, cuestión que es criticada hasta por la actual Presidencia de la República y demás instituciones hipócritas que defienden el régimen del capital.

Las vías del pacifismo parlamentario

La Convención Constituyente en Jujuy es un organismo formado específicamente para discutir las modificaciones de la Constitución local que rige en la provincia de Jujuy. Desde el pasado 7 de mayo este organismo se formó eligiendo a sus representantes en comicios locales en la que participaron las principales fuerzas políticas: Cambia Jujuy, el Frente Justicialista y el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U).

Durante la discusión de reforma constitucional, los delegados del FIT-U se vieron obligados a renunciar (al igual que otros miembros del partido justicialista) en medio de masivas manifestaciones en Jujuy. A estas alturas ya es ampliamente conocida la práctica de parlamentarismo del pseudotrotskismo del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) junto a las demás fracciones que encabezan el movimiento obrero en Argentina.

Durante años se han dedicado a lavarle la cara al régimen bonapartista burgués legislando junto a los partidos burgueses las mil maneras para suavizar la dictadura del capital en una semicolonia. Es que estos dirigentes de la clase obrera argentina no buscan abrir el camino a la revolución; con miles de militantes obreros en sus bases han preferido el refugio parlamentario pacífico que preparar las condiciones para un levantamiento insurreccional contra los buitres del capitalismo.

Lo que este levantamiento les enseña a todas estas corrientes reformistas es que una Constitución al servicio de las grandes mayorías explotadas y del pueblo trabajador solo es posible bajo la dictadura de la clase obrera destruyendo el Estado burgués e imponiendo su gobierno revolucionario. La historia demuestra que son muchos los artilugios que emplea la burguesía para engañar a los explotados, y entre estos se encuentran la posibilidad de reformar el régimen burgués de forma progresiva sin el derrumbamiento del Gobierno ni el desarme de la casta de oficiales que sirve como columna vertebral del régimen bonapartista.

Esto es precisamente lo que no cuestionan en absoluto el reformismo del PTS y los partidos dentro del Frente de Izquierda, ya que estos plantean simples reformas y hasta Asambleas Constituyentes, pero de la mano del régimen burgués, siguiendo sus reglas y sobre todo respetando la estructura militar y policial del régimen como las vías por las que optaron al representar a la clase obrera en esa farsa constitucional de la que luego huyeron arrepentidos y de forma oportunista para seguir atando de manos las movilizaciones callejeras.

El camino de la insurrección

Las masas que se han levantado marcan el camino a seguir. Los ataques de la burguesía y su Gobierno se deben enfrentar en las calles con los métodos de la clase obrera, con tomas de fábricas, con cortes de ruta y sobre todo con la organización independiente de los explotados en organismos que sean capaces de unir a la población ocupada con los miles de desempleados, a los trabajadores de las fábricas con los jornaleros, a la clase obrera y su juventud en los barrios, a los trabajadores mineros y los campesinos expropiados, en general, al proletariado industrial con el campesinado hambriento, y que sea capaz de llamar a los soldados a ponerse en guardia contra sus altos mandos coludidos con la burguesía local e internacional.

Solamente con un organismo de este tipo es posible ofrecer resistencia al ataque del capitalismo y sus medidas dictatoriales por las vías que tiene el capital para subordinar a las naciones oprimidas. Solo la clase obrera es capaz de dirigir independientemente la lucha decidida contra el capital y el saqueo de la nación con el apoyo de la población hambreada del campo y la ciudad. Solo levantando las demandas más elementales de la población como una verdadera Asamblea Constituyente que le expropie las tierras a las grandes transnacionales saqueadoras combinando estas tareas con el salario y empleo móvil para enfrentar la crisis y el desempleo.

Ahora se hace necesario conseguir la unidad de la capital con las provincias, de la metrópoli con la semicolonia, de acelerar el ritmo del levantamiento en todo el país. El apoyo a esta causa no basta con los llamamientos solidarios, es necesario que el proletariado de América Latina entre en acción en sus respectivas naciones, solo con este apoyo real es posible el desarrollo de la lucha revolucionaria, el reformismo se ocupará de los comunicados solidarios vacíos e hipócritas que ahora levantan las burocracias obreras y el chavismo. Los revolucionarios debemos pelear para que en cada nación oprimida se levante la clase obrera y los campesinos pobres. He aquí la ayuda indispensable para la liberación de la opresión y el saqueo transnacional al que se enfrentan ahora en Jujuy y ayer la población quechua y aymara en Bolivia y Perú, con sus hermanos de clase en Chile que también combaten contra el saqueo del litio en su región.

Hoy, que los reformistas del FIT sostienen por izquierda a bolivarianos como Pedro Castillo o Alberto Yucra en Perú, y a Alberto Fernández en Argentina, se hace más necesaria que nunca la lucha continental y mundial contra el reformismo parlamentario. Y es que la unidad de los explotados de las naciones oprimidas debe romper el cerco chavista y unirse al proletariado de las naciones que oprimen a estos pueblos que ahora se insurreccionan. Solo con esta política los países y las nacionalidades oprimidas podrán encontrar el camino de la liberación política y económica que confluirá con los intereses históricos de la revolución socialista conquistando una federación socialista de América Latina por la que luchamos los partidarios de la refundación de la Cuarta Internacional, el partido de la revolución socialista internacional.